Continúa
proceso de investigación en tesorería
municipal
Por
Carolina Cano Cassiani
carolina@elhabladorweb.com
A raíz de la detección de ciertas irregularidades
en la Subsecretaría de Tesorería, Tania
Arismendy tesorera municipal, entabló una denuncia
ante la Fiscalía Seccional de Zipaquirá,
en contra de la auxiliar administrativa Ligia Stella
Cajicá por los presuntos delitos de peculado
por apropiación y falsedad en documento público.
En la actualidad Ligia Stella se encuentra detenida
en la Cárcel Nacional de Mujeres del Buen Pastor
en calidad de acusada, mientras avanza la investigación.
El erario público del municipio de Sopó se
vio afectado por las acciones delictivas de esta ex
funcionaria, quien se estaba apropiando de los recursos
pagados por los ciudadanos. “Las irregularidades
fueron identificadas el 29 de mayo cuando me encontraba
realizando una auditoria en mi dependencia” comenta
la tesorera Arismedy sobre el caso, “e inmediatamente
procedí a entablar la respectiva denuncia”.
Arismendy presentó adjunto un conjunto de pruebas
y soportes que permitieron la detención de la
acusada. El caso entró en investigación,
primero a manos de la Fiscalía seccional de
Zipaquirá y ahora en la Fiscalía seccional
de la unidad de delitos contra la administración
pública.
Son muchos los rumores que se entretejen sobre el tema;
los principales interrogantes son la manera en que
la ex funcionaria procedía, en cuánto
va el valor de la cuantía y porqué no
se habían detectado antes las irregularidades.
Se presume que Ligia Stella recibía dineros
de las diferentes rentas del municipio entre estas
el impuesto de industria y comercio y el impuesto predial,
este último debe ser pagado, obligatoriamente
en los bancos. Además recibía en efectivo
cuantiosas sumas, expedía un recibo provisional
donde dejaba al cliente a paz y salvo, generaba otro
recibo donde falsificaba las firmas y finalmente ingresaba
el pago al sistema pero en una vigencia pasada, ya
cerrada. Esto impidió en parte darse cuenta
a tiempo de la situación explicó Arismendy.
Adjunto a esto el sistema que se maneja en este tipo
de procedimiento tiene bastantes falencias y es manipulable.
Ante la situación se hizo necesaria una minuciosa
auditoria que no había culminado al cierre de
esta edición, y que consiste en imprimir todos
los reportes del sistema, revisar cada uno de los recaudos,
comparar los recibos de tesorería con los cupones
del banco y requerir a más de 600 contribuyentes,
de los cuales el 90% han allegado y cuentan con su
recibo de pago donde está consignada la firma
de la acusada. Gracias a este proceso se pudo identificar
que las inconsistencias vienen desde el año
2004, fecha en que ingresó a trabajar la ex-auxiliar.
La tesorera aclara que la alcaldía municipal
nunca entabló la denuncia sobre una suma específica.
Sin embargo el material probatorio y las evidencias
físicas con que cuenta la Fiscalía, le
permitieron a esta comunicar una cifra de 131 millones
de pesos, cuantía sobre la que avanza la investigación.
Sobre el caso ya se han realizado dos audiencias públicas.
La primera el 5 de julio, en la que Ligia Stella Cajicá aceptó los
cargos imputados y se allanó inicialmente sobre
una cuantía de 20 millones de pesos, a lo que
la Fiscalía interpuso que la allanación
debería ser por la cifra total o nada; la acusada
aceptó. Una segunda audiencia preeliminar se
llevó a cabo el pasado 2 de agosto por petición
de la Fiscalía quien solicitó aclaración
de la imputación en cuanto al tipo de modalidad
y a una cuantía definitiva, argumentando que
el peculado tiene varias penas y estas dependen principalmente
de esa suma. Las peticiones fueron negadas por parte
de la Juez de control de garantías del caso,
Dra. Gloria Luisa Castilla, objetando que en la pasada
audiencia el fiscal fue muy claro en la formulación
de la imputación y puntualización de
la cuantía “el fiscal manifestó en
su intervención del
5 de julio, que habían contando con la colaboración
de un profesional para determinar y tazar la cuantía” dijo
la juez en el despacho. Ante esto el fiscal Carlos
Alfredo Rodríguez en reemplazo de la Fiscal
tercera quien tiene el caso, interpuso el recurso de
apelación.
En la misma sesión del 2 de
agosto el abogado defensor de la acusada Dr. Armando
Camacho pidió la sustitución de la detención
preventiva de intramuros que viene cumpliendo su defendida,
por la detención preventiva domiciliaria. La
petición fue negada por la juez Castilla basándose
en la reciente ley 1142 del 28 de junio de 2007 que
expresa en uno de sus artículos, que no se procederá a
la sustitución preventiva en establecimiento
carcelario cuando se trate de un peculado por apropiación
en cuantía superior a 50 salarios mínimos
legales mensuales.
Tanto la auditoria en Tesorería municipal, como
la investigación por parte de la Fiscalía
continúan. En cuanto a los dineros del municipio,
estos se encuentran asegurados, lo que implica que
la aseguradora deberá responder por el monto;
paso a seguir sería esta entidad la que inicie
las acciones pertinentes en contra de los implicados.
